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indí­genas en Iberoamérica y polí­ticas de los Estados

 
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Autor Mensaje
Eliseo Rabadán Fernández



Registrado: 12 Oct 2003
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Ubicación: España

MensajePublicado: Lun Ene 05, 2004 10:39 pm    Título del mensaje: indígenas en Iberoamérica y políticas de los Estados Responder citando

Estimados amigos y amigas:
me parece interesante abrir este nuevo tema, en la sección América, de los foros de nódulo materialista, puesto que se ha venido hablando de este asunto, y parece mportante tener más datos para los debates.
Un artículo , que a mi juicio, puede resultar sugerente, del profesor de la UAM-Iztapalapa(México)Dr Carlos H. Durand Alcántara.
Cita:


El estado mexicano y los indios

El estado mexicano y los indios
Dr. Carlos H. Durand Alcántara (Universidad Autónoma .Iztapalapa)(México DF)
1. El indigenismo.
1.1. Apuntes para la historia del indigenismo en México.
2.Algunos elementos para la ubicación del indigenismo en América.
3. Crítica al indigenismo.

4. Política del lenguaje y poblaciones indias.
4.1 Instituciones del Estado relacionadas con la política del lenguaje



1. El indigenismo
Al explicar el indigenismo, algunos autores como Bonfil Batalla, se remontan a
la época colonial, mientras la mayoría lo ubica a principios del presente siglo.
Políticamente, han sido varios los tamices desde los que se ha planteado el
discurso indigenista. Rubio Orbe, exdirector del Instituto Interamericano
Indigenista, proponía hacia 1975 la siguiente clasificación:
De incorporación;
Absorción;
Asimilación;
Integración;
Redención;
Este autor entiende a la incorporación:
"Como una política y estrategia que busca la unidad nacional, sin considerar los
valores y características de la cultura indígena, y que, en último término esa
política y sus acciones complementarias se encaminan a la desaparición de la
cultura indígena, bajo formas y procesos de absorción a la cultura dominante y a
la unidad nacional". Al explicar al indigenismo integracionista, lo supone como
un proyecto que en esencia busca un "mestizaje étnico y cultural". Según Rubio
Orbe, el integracionismo se diferencia del incorporacionismo.
Los marxistas señalan, que en rigor el integracionismo:
"…trata de eliminar la diversidad sociocultural que obstaculiza la plena
expansión de la sociedad burguesa y de garantizar la completa participación de
los indígenas -en condiciones de asalariados- en una estructura social definida
por las relaciones capitalistas de explotación de la fuerza de trabajo. Según
este indigenismo, lo específico de lo étnico es precisamente su ‘atraso’, el
cual se resuelve justamente con la mencionada integración. El fundamento
ideológico de esta concepción es su posición evolucionista unilineal que concibe
a lo étnico tan sólo como un ‘momento’, no cabalmente realizado, del desarrollo
histórico. Por consiguiente, la plena integración al capitalismo dependiente
constituye la plena realización sociohistórica del sistema étnico, y toda acción
indigenista se justifica en aras de alcanzar ese punto culminante."
Por otro lado, la asimilación pretende la liquidación de las poblaciones
étnicas. Esta política y estrategia no valora ni considera las características
culturales, las formas de vida de los indígenas; no medita, ni reflexiona en el
significado de la organización social aborigen… el calificativo que podría darse
a esta política es el de etnocidio.
Al referirse a la redención, Rubio Orbe establece:
"La redención considera que la cultura, las formas sociales, económicas y
políticas de los no indígenas son superiores en conjunto y en sus elementos. Se
plantea en ese caso la necesidad y aspiración de buscar la unidad nacional bajo
esas normas. Los indígenas, en cambio, son inferiores; su cultura, organización
y de más características son inferiores, forman fuerzas y barreras que detienen
el progreso."
Para Rubio orbe, todas las formas en que se manifiesta el indigenismo, parten de
supuestos acientíficos en el campo de las ciencias sociales y, además,
constituyen una negación de los derechos humanos y sociales que se encuentran
consagrados en diversos pronunciamientos internacionales.
La clasificación de Rubio Orbe -más bien teórica-, tendrá que ser dimensionada,
en el marco de la realidad latinoamericana. Adecuando al indigenismo, como una
ideología y política de Estado (tanto de viejo como de nuevo cuño) cuya
finalidad es la de integrar social, económica y culturalmente al conjunto de
poblaciones indígenas, al proyecto del bloque hegemónico. En la óptica del
indigenismo, se busca hacer eficientes y concordantes con el crecimiento
capitalista a estas poblaciones. Bajo el pretexto de consolidar la unidad
nacional, se justifica la reproducción de la fuerza de trabajo asalariada
-india- y la expansión del sistema productivo.
Cuando el indigenismo mexicano ha planteado el reconocimiento de ciertos valores
culturales indígenas, ha sido el propio Estado quien define cuales de esos
valores son los que deben mantenerse. El indigenismo ha sido una política
diseñada por el bloque dominante y su práctica representa, en el fondo, la
destrucción de determinados rasgos socioculturales al concebirla como freno al
crecimiento capitalista. Esta política ha sido diseñada fundamentalmente por
algunos antropólogos mexicanos que han fungido como intelectuales orgánicos del
Estado.
En la década de los 80, la clase dominante acuñó nuevos conceptos acerca del
indigenismo, como el "indigenismo de participación", creado en el periodo
presidencial de José López Portillo, y el "indigenismo pluriculturalista",
desarrollado en el sexenio de Miguel de la Madrid, los que no logran erradicar
la tradicional concepción integracionista del Estado mexicano.
Por otro lado, el Consejo Latinoamericano de Apoyo a las Luchas Indígenas define
al etnopopulismo como una concepción neoindigenista, y señala:
Surgido en un principio en contraposición al enfoque del integracionismo, el
etnopopulismo ha devenido, con el correr de los años, en una concepción cada vez
más orgánica e identificada objetivamente con el proyecto de las clases
dominantes. Dado el gradual desgaste del modelo propuesto por el indigenismo
integracionista tradicional, el etnopopulismo ha venido sustituyendo
paulatinamente a aquel, en favor de los grupos dominantes, en la medida en que
además va demostrando su mayor eficacia como ideología desmovilizadora y de
control. En algunos contextos nacionales puede decirse que el etnicismo ha sido
prácticamente asumido ya como el nuevo enfoque indigenista oficial, y los
principales promotores y elaboradores de tal concepción han sido llamados a
incorporarse a los aparatos burocráticos que ponen en práctica la política
étnica estatal. En la actualidad, no es raro que se observe una singular pero
eficaz yuxtaposición; una cúpula ideológica etnicista que recubre una práctica
esencialmente integracionista.6
Un último enfoque -indigenista-, es el que Rodolfo Stavenhagen llama
"civilizacional" y que estaría encuadrado, a nuestro parecer, como discurso
indianista. 1.1. Apuntes para la historia del indigenismo en México
Si partimos de la idea de que el indigenismo es una política del Estado, cuyo
fin último es el de incorporar al sistema al indígena, bajo un proyecto
homogeneizador donde el objeto principal es la reproducción económica en
beneficio del bloque dominante, entonces coincidimos con aquellos autores que
asumen la idea de que el indigenismo ha estado presente desde la época de la
conquista española. Política que se aplicó, en parte, por la catastrófica
reducción de la población y que, en Mesoamérica, fue precedida por la desastrosa
experiencia que el conquistador tuviera años atrás en el Caribe, de ahí que,
después de la debacle poblacional, los peninsulares se "preocuparan por la
defensa del indio", con lo que más bien garantizaban la fuerza de trabajo para
minas y haciendas.
Ello sin menospreciar la trascendente labor de Fray Bartolomé de Las Casas quien
estableciera una defensa enconada de los derechos indios, obra que daría paso a
la promulgación de las "Leyes Nuevas" y a las "Leyes de Burgos", ordenamientos
muy avanzados, para la época en que fueron elaborados, en los que se estipulaban
derechos humanos de los indígenas. Sin embargo, la obra lascasiana fue reducida
por el gobierno novohispano al principio de "obedézcase pero no se cumpla".
La forma institucional y moderna del indigenismo se origina a principios del
presente siglo, con la influencia de la revolución mexicana y como un discurso
contestatario a las corrientes racistas-biologistas que durante todo el siglo
XIX conceptuaron al indio como un factor de atraso e incivilización.
En la segunda década de este siglo, el pionero latinoamericano del indigenismo
moderno, Manuel Gamio, se planteó vívidamente el asunto del carácter incompleto
de la "nacionalidad" o la nación imbuida todavía de ciertos tópicos
evolucionistas que le hacía observar a los grupos étnicos como sistemas
colocados en fases o "etapas de civilización" inferiores, pero habiendo
asimilado también las enseñanzas del relativismo cultural de su maestro Franz
Boaz (de quien fue alumno en la Columbia University y en la Escuela
Internacional de Arqueología y Etnografía Americanas, fundada en México en
1910), Gamio se propuso delinear las medidas que era necesario poner en práctica
para elevar a los indígenas de su condición, sin necesidad de recurrir a medios
violentos de incorporación, es decir, rescatando hasta cierto punto los valores
(aquellos reputados como "positivos") de los sistemas socioculturales autónomos.

Gamio, en suma, sentó las bases de una perspectiva que observaba la
heterogeneidad étnica (particularmente en sus aspectos socioeconómico, cultura y
lingüístico) como obstáculo para la conformación plena de la nación. Por
consiguiente, la formación de una nación integrada y sólida, en opinión de
Gamio, requería la transformación de los grupos indígenas por medio de un
mestizaje o fusión sociocultural que se expresaría en la "aculturación". Sólo de
esta manera la nación podría asentarse firmemente sobre una auténtica cultura
nacional que trascendiera el localismo de los sistemas étnicos".
El pensamiento de Gamio fue determinante para construir el marco ideológico que
requería el Estado para delinear su proyecto nacional, y que durante el siglo
XIX se había mantenido una identidad nacional inspirada en los patrones
estadounidense y francés.
El indigenismo se concatena a la idea que el naciente Estado mexicano planteaba
acerca de la cultura nacional y de la nación mexicana. Si bien es cierto que
este proyecto nacional fue elaborado por intelectuales revolucionarios de la
época, por lo que se concibió como un proyecto "progresista", también lo es que,
al elaborar esa nueva política indigenista no dejaron de ubicarla en la
concepción del propio bloque dominante, negando toda posibilidad de
florecimiento autónomo a las poblaciones indígenas. El proyecto nacional y su
indigenismo no deja de sentar sus bases en la ideología europeizante, cimentando
así un proyecto que atiende más al pensamiento de la burquesía mexicana, que al
de los demás sectores y clases de la sociedad.
"En 1921 se restablece la Secretaría de Educación Pública que Carranza había
suprimido. José Vasconcelos fue el autor del proyecto para su reorganización. En
ese mismo año y atendiendo a la reestructuración de la dependencia, se crea el
Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena. Hacia noviembre de
ese año se nombran maestros ambulantes que empiezan a operar en las comunidades
indígenas con un plan cuidadosamente elaborado que se inicia con el estudio de
las condiciones culturales de los pueblos; llevan el alfabeto, realizan su
trabajo en la comunidad tratando de interesar a los miembros de la comunidad en
nuevos cultivos de la tierra, cría y cuidado de animales domésticos y en el
desarrollo de industrias regionales; emprenden un programa de acción social que
incluye la formación de hábitos de ahorro y el impulso al teatro vernáculo, la
danza y las canciones populares."
En abril e 1923 se aprobó el establecimiento de las llamadas casas del pueblo,
cuyo fin era construirse en la alternativa para "mejorar la situación de las
poblaciones indígenas".
Plutarco Elías Calles creó el Internado Nacional de Indios, donde incorporó a
indígenas de diversos grupos lingüísticos, como amuzgos, totonacos, otomíes,
náhuatls, etcétera, en total, miembros de 26 distintas poblaciones indígenas.
Dentro del marco institucional que va adquiriendo el indigenismo, en 1932, se
creó la Estación de Incorporación Indígena de Carapan, cuyo fin fue estudiar las
posibilidades de integrar al indio purépecha de la región a la vida nacional,
este proyecto fue dirigido por Moisés Sáenz, que en otro contexto representó un
antecedente de la sociología participativa.
Con la instauración del gobierno del general Lázaro Cárdenas, en 1934, el
indigenismo adquiere su real estructuración. Por primera vez en la historia de
México, un gobierno cristaliza las demandas insatisfechas por años. Cárdenas
restituye a las poblaciones indígenas algunas de las tierras que otrora
pertenecieron a sus ancestros, en algunos casos se armó a los indígenas para que
defendieran su patrimonio. La política agraria cardenista permitió el
afianzamiento de la mayoría de las poblaciones étnicas.
Si bien el proyecto cardenista converge en una línea populista, es innegable lo
avanzado de sus proyecciones: En el ámbito educacional, el Estado cardenista
promovió la creación de las normales rurales en algunas zonas (Yaqui, Chontalpa,
la Comarca) en donde existía un desarrollo más profundo de las fuerzas
productivas, el gobierno dotó de tierras a los indígenas y campesinos,
formulando proyectos de colectivización rural.
En 1937 fue creado el Departamento de Educación Indígena, dependiente de la
Secretaría de Educación Pública. Dentro de ese Departamento se encontraban
incorporados los internados indígenas, a los que se denominaba Centros de
Educación Indígena. Estos centros pasaron al Departamento de Asuntos Indígenas
en 1938, con nuevas funciones, convirtiéndose en Centros de Capacitación
Económica; su objetivo era dar capacitación técnica, agrícola e industrial.
En 1939, el presidente Cárdenas encomendó a Alfonso Caso la organización del
INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
A nivel internacional el presidente Cárdenas, impulsó la iniciativa para la
realización del Primer Congreso indigenista que se celebró en Pátzcuaro,
Michoacán en 1940. A partir de ese evento se decidió la creación del Instituto
indigenista Interamericano, al igual que fue planteada la necesidad del
surgimiento de los institutos indigenistas nacionales, en toda Latinoamérica.
Mientras que el indigenismo cardenista ubicó su atención en los aspectos de la
reforma agraria y la educación, el indigenismo que se inicia en 1940 tuvo un
giro, al enfocarse en aspectos culturales. Para ese entonces se pretende
resolver la situación de los indios bajo patrones de asimilación, vía la cultura
nacional.
El presidente Avila Camacho creó en 1942 la Escuela Nacional de Antropología e
Historia (ENAH). Años más tarde, en 1948, el Ejecutivo Federal promulgó la ley
que creó al Instituto Nacional Indigenista (INI) como un organismo con
personalidad jurídica propia. Originalmente el INI se planteaba como funciones
las siguientes:
Investigar los problemas relativos a los núcleos indígenas del país.
Estudiar las medidas de mejoramiento que requieran esos grupos indígenas, y
promover ante el Ejecutivo Federal la aprobación y aplicación de estas
medidas.
Intervenir en la realización de las medidas aprobadas, coordinando y
dirigiendo en su caso la acción de los órganos gubernamentales.
Fungir como cuerpo consultivo de cuestiones indígenas.
Difundir los resultados de sus investigaciones, estudios y proyectos.
Emprender aquellas obras de mejoramiento de las comunidades indígenas que le
encomiende el Ejecutivo.
En realidad el INI, al igual que otras entidades burocráticas, se situó como un
apéndice de instituciones gubernamentales e incluso de multinacionales, como
sucedió con el Instituto Lingüístico de Verano, al que se le delegó la política
lingüística del país. Al indigenismo de este periodo se ligan los nombres de los
antropólogos Alfonso Caso y Gonzalo Aguirre Beltrán.
"Alfonso Caso establece los lineamientos de la acción indigenista (que
orientaron al indigenismo mexicano durante un cuarto de siglo) que busca la
protección de las comunidades indígenas con el objeto de integrarlas en la vida
económica, social y política de la nación, en un plano de igualdad con las
comunidades mestizas. Esto es posible a través de una aculturación planificada
por el gobierno mexicano y en beneficio de los grupos indígenas: mejorando sus
condiciones económicas, llevándoles educación, capacitándolos en nuevas técnicas
y conocimientos agropecuarios, comunicándolos dado que en la acción indigenista
se concibe el carácter regional. […] Gonzalo Aguirre Beltrán desarrolla las
modalidades de su operación a partir de sus concepciones de la integración
regional de las regiones interculturales y redefine al sujeto de la acción
indigenista; desarrolla los conceptos de la región intercultural con sus
ciudades rectoras y elabora la teoría de los centros coordinadores que tiene
como antecedente el primer proyecto regional de desarrollo integral para los
tzeltales y tzotziles de los Altos de Chiapas."
La política indigenista del INI se comenzó a aplicar en la década de los años
cincuenta; para ese entonces el INI incorpora un vasto sector de indígenas como
promotores en sus regiones, fenómeno que derivaría en una nueva diferenciación
social de las poblaciones indígenas.
En 1952 se creó el Centro Coordinador de la Región Tarahuamara. En 1954 el
Centro Coordinador Indigenista de las Mixtecas. Y debido a las múltiples
contradicciones en que se ven envueltos millares de chinantecos, mixes,
etcétera, con la construcción de la presa "Miguel Alemán", el Estado se vio
obligado a crear el Centro Coordinador del Papaloapan.
Así, detrás de la política que inspiró al INI se encuentra el discurso
aculturacionista que sustentaban Alfonso Caso, Gonzálo Aguirre Beltrán y el
personal del Instituto lingüístico de Verano. Por ejemplo, Aguirre Beltrán
planteaba, en 1957, la "aculturación inducida, que tenía por objetivo introducir
modificaciones convenientes a la propia cultura india."
En franca crítica al papel desempeñado por Aguirre Beltrán, el doctor Díaz
Polanco señala:
Las precauciones de Aguirre Beltrán no evitaron que desde la segunda mitad de la
década de los sesenta en adelante, una pléyade de intelectuales progresitas e
impugnadores acusaran a su esquema teórico-práctico de etnocida, autoritario y
homogeneizador.
En estudios elaborados por Darcy Ribeiro, se comprobó, cómo la aculturación
había llevado a distintas comunidades del Brasil a su plena asimilación o
"transfiguración étnica".
Un nuevo momento para el indigenismo-populismo mexicano es el que se desarrolla
en el sexenio del presidente Luis Echeverría (1970-1976). A diferencia de los
periodos anteriores, el país vive una crisis agrícola, además de la zozobra
política derivada del movimiento popular de 1968. Después de muchos años de
pasividad, algunos núcleos indígenas pasaron a la ofensiva; derivando incluso en
movimientos guerrilleros, como fueron los desarrollados en Michoacán, Oaxaca y
Guerrero, regiones en las que se densenvuelven el Partido de los Pobres (PDLP),
fundado por el maestro rural Lucio Cabañas Barrientos; la Asociación Cívica
Nacional Revolucionaria (ACNR), dirigida por Genaro Vázquez, y el Partido
Proletario de América Latina, dirigido por Florencio Medrano. La base social de
estos movimientos fue esencialmente indígena y su lucha planteó como fundamental
la recuperación de las tierras despojadas a los pueblos.
El accionar indigenista de ese sexenio constituyó un paliativo de las
contradicciones existentes. El propio Estado planteó, por primera vez, la
necesidad de vincularse con los indios para solucionar los problemas indígenas,
incluyendo los aspectos más concretos; al respecto Francisco Gómez Jara, señala:

El trabajo empezó construyendo escuelas, organizando cooperativas de consumo,
protegiendo las fuentes y manantiales donde la gente se surtía de agua para sus
servicios domésticos, realizando campañas para evitar la mortandad de las aves
de corral, para sembrar frutales, para fomentar mejoras sanitarias en la
población. En todas estas actividades, primero se reunía a la gente de los
parajes, para analizar sus problemas y discutir con ellos los proyectos de
solución.
Siguiendo la tradición corporativista del Estado mexicano y aprovechando la
articulación del partido en el poder (PRI), Echeverría convocó a la creación de
la organización indígena; convocatoria que finalmente cristalizó en el
advenimiento del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), el que,
contrariamente a los designios del Estado, comienza a configurarse como un
primer instrumento aglutinador de la lucha del movimiento indio. Por esta
coyuntura de crisis, la política indigenista del Estado adquiere un cambio. Las
tesis de la incorporación y de la integración comienzan a ser sustituidas por
las de "acción participativa de la población indígena". Bajo esta nueva
tendencia, en 1977 se creó la Dirección General de Culturas Populares, en el
seno de la Secretaría de Educación Pública. Algunos sectores del bloque
hegemónico comienzan a reconocer la validez del cúmulo de poblaciones indígenas,
bajo la premisa de que "México como nación se enriquece con el aporte cultural
de todos y cada uno de sus grupos". Fue así, como en el sexenio siguiente, el
presidente López Portillo definía su proyecto como un indigenismo de
"participación".
Ya en 1977, el nuevo director del INI, Ignacio Ovalle Fernández, hacía públicas
las nuevas orientaciones: las bases para la acción 1977-1982, resumen las
directrices de su política. Se trata de "lograr una mayor participación de la
población indígena en la producción y en los beneficios de desarrollo nacional".
[…] El gobierno de López Portillo crea COPLAMAR (Coordinación General de Plan
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, dependiente de la Presidencia
de la República) cuyo programa contiene alimentos básicos, servicios de sanidad
(especialmente a través de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro
Social en el Programa IMSS-COPLAMAR), mejora del hábitat rural, escuelas,
distribución de agua potable, construcción de carreteras entre comunidades,
etcétera.
Sin embargo, unas fueron las aspiraciones y otras las realidades: en 1983 el
Instituto Nacional Indigenista entra las en una profunda crisis que culmina con
el encarcelamiento de su director.
En un documento que envían algunos antropólogos al INI, durante esta coyuntura,
refiere entre otras cosas lo siguiente:
"Todo indigenismo, a pesar de su ropaje integracionista, participativo y
pluricultural, a pesar de discursos y propósitos declarativos, es un instrumento
etnicida. El indigenismo, cualquiera que sea su denominación constituye un
sistema que se le impone a los grupos étnicos desde aparatos burocráticos, como
una fuerza objetivamente opresiva, manipuladora y disolvente".
En diciembre de 1983, el presidente de la Madrid sintetizó en siete puntos las
orientaciones de su política indigenista:
- Aprovechar la planeación democrática para diseñar y aplicar una política con
los indígenas y no tan sólo para los indígenas.
- Preservar la cultura y las tradiciones indígenas.
- Detener el proceso de reducción de los territorios indígenas mediante la plena
conservación y aprovechamiento de sus recursos actuales.
- Orientar los programas de capacitación, producción y empleo, de acuerdo con la
naturaleza de los recursos y de las tradiciones de la comunidad.
- Ampliar la cobertura de servicios básicos.
- Combatir toda forma de intermediarismo.
Implantar en los hechos, a favor de los grupos indígenas, las garantías
individuales y los derechos sociales que consagra la Constitución para todos los
mexicanos.
Los proyectos del gobierno de De la Madrid, a principios de 1983, amplían la
visión indigenista hacia la noción de etnodesarrollo (posteriormente a la de
ecodesarrollo), noción que contempla la entrega por parte del Estado de aquellos
medios y útiles que permiten a los propios grupos étnicos asumir los movimientos
sociales. La ambigüedad de tal visión es innegable. Por una parte es el INI
quien, preservando así su capital simbólico, técnico e histórico, diseña este
proyecto político, suministra las nuevas tecnologías, forma a los líderes y
ayuda a la reconstitución de los propios grupos étnicos. Por otra parte, el
proyecto es una apertura democrática que pone las iniciativas en manos de los
indígenas… o más precisamente de los que los dirigen. Si bien a esta apertura
pareciera ponérsele límites en el INI mismo, después de la crisis que éste
sufriera en el segundo semestre de 1983, existen también otros organismos
públicos que, a lo largo de periodos más prolongados y con medios más modestos
que los del INI, parecen haberse orientado hacia acciones comparables.
El 18 de junio de 1986, apareció un nuevo decreto que reglamentaba la
participación de las comunidades indígenas a las que se refiere el artículo
séptimo de la ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista. Este nuevo
ordenamiento jurídico estuvo precedido por la declaración hecha por el
Presidente de la República, en el sentido de que México se reconocía como un
país esencialmente plural (plural en lo étnico, cultural y lo ideológico). Fue
de esta forma como se inició el llamado "indigenismo pluricultural", en el que
para fines de la década tiene vigencia y sustento la adición de la Constitución
General de la república. En el momento actual, la dimensión cultural que el
indigenismo -bloque hegemónico- dé al reconocimiento de las etnias, dependerá de
la fuerza real que desarrollen el movimiento indio y el conjunto de fuerzas
democráticas que lucha a su lado. El que dicho reconocimiento vaya más allá de
lo cultural dependerá, también, de la correlación de fuerzas que operan en el
momento de la promulgación de la ley reglamentaria del artículo 4º
constitucional, documento aún sujeto a discusión en el congreso de la unión
(enero de 1995). 2. Algunos elementos para la ubicación del indigenismo en
América. Si bien de origen mexicano, esta ideología y política de Estado se
reproduce prácticamente en la mayoría de los países de América Latina
convirtiéndose en la principal fuente de fundamentación de las políticas
indigenistas en nuestro continente.
Su formalización surge de los pronunciamientos del Primer Congreso Indigenista
Interamericano que se verificó en Pátzcuaro, Michoacán, en abril de 1940. En ese
evento se determinó la creación del Instituto indigenista Interamericano,
mediante una Convención Internacional que, hasta la fecha (1995), ha sido
ratificada por los siguientes estados: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
El segundo, celebrado en 1949 en Cuzco, perú; el tercero en la Paz, Bolivia, en
1954; el cuarto congreso fue celebrado en 1959, en Guatemala; el quinto en
Quito, Ecuador; el sexto nuevamente en Pátzcuaro, Michoacán, México, en 1969; el
séptimo tuvo lugar en Brasilia, Brasil, en 1973; el octavo en Mérida, Yucatán,
en 1980; el noveno en Estados Unidos de América, en octubre de 1985; y el décimo
en septiembre de 1989, en San Martín de los Angeles, en Argentina.
Sin lugar a dudas que los dos últimos congresos han sido, por su carácter y
resoluciones, los más importantes; a continuación se reproducen algunas de las
resoluciones más significativas del IX Congreso:
A. Resolución No. 12 (Sobre la educación indígena)
Que se diseñe y se instrumente un modelo de educación bilingüe-bicultural
propio para las comunidades indígenas, con la participación de los pueblos y
profesionales indios.
Que los contenidos curriculares para la educación indígena se integren tanto
con elementos de las culturas étnicas como de la cultura universal tomando en
cuenta las condiciones y necesidades específicas de cada pueblo.
Que se recomiende a los países con población indígena la incorporación de los
elementos culturales indios en los planes y programas de estudio del sistema
educativo nacional.
B. Resolución No. 14 (Acerca de la naturaleza multiétnica)
Que los Estados miembros adopten medidas y ordenamientos jurídicos tendentes a
reconocer el carácter y naturaleza multiétnica y multilingüe de sus
respectivas sociedades nacionales.
Que los Estados miembros implementen acciones legales que garanticen a los
pueblos indígenas y comunidades étnicas el acceso a la estructura
jurídico-política de los Estados nacionales, de tal manera que reproduzcan una
identidad a través del ejercicio efectivo de sus derechos económicos y
culturales.
En la resolución número 15, por primera vez en un congreso indigenista, se hace
alusión al problema de los derechos humanos de las poblaciones indias:
C) Sobre los derechos humanos
Resolución No. 15, considerando:
Que la Comisión Internacional de Derechos Humanos, según lo preceptuado por la
Carta de la OEA, modificado por el protocolo de Buenos Aires de 1967, tiene como
principales funciones: 1) promover la toma de conciencia sobre los derechos
humanos entre los pueblos del continente americano, y 2) vigilar la observancia
y el respeto de estos derechos en los estados americanos.
Que el Congreso reconoce el aporte de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas
del continente americano, así como los problemas que sigue experimentando la
situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Resuelve:
Hacer un llamado a la Asamblea de la OEA a fin de solicitar a la Comisión que
informe anualmente a la Asamblea General de la OEA acerca de la situación de
los pueblos indígenas del continente americano en lo relativo a derechos
humanos.
Recomendar que la OEA colabore en la traducción de las declaraciones sobre
derechos y deberes del hombre y de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos a las principales lenguas indígenas del continente, a fin de promover
un mayor conocimiento del sistema interamericano por los indígenas.
Solicitar al Instituto Indigenista Interamericano que proporcione apoyo
técnico a esas medidas.
Recomendar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicite y
estudie información pertinente de representantes de organizaciones indígenas y
no gubernamentales en la vigilancia por parte de la CIDH de la situación de
los derechos humanos de los pueblos indígenas y en sus investigaciones sobre
países.
Resolución No. 16 considerando:
Que han ocurrido graves y continuas violaciones de los derechos humanos de los
pueblos indígenas del continente americano.
Que esas violaciones han consistido, en particular, en violaciones de derecho a
la vida, desapariciones, reubicaciones y desposesión de tierras tradicionales,
Que esos pueblos tienen derecho a manejar sus propios asuntos de acuerdo con sus
tradiciones, culturas y religiones,
Que a menudo carecen de medios de protección judicial y de otro género con los
que cuentan los integrantes de los sectores dominantes de los países donde
viven,
Resuelve:
Recomendar a los Estados miembros que adopten medidas urgentes, en consulta
con los representantes de los pueblos indígenas, a fin de conocer y aplicar
los derechos que les corresponden,
Exhortar a los Estados miembros a adaptar sus legislaciones y prácticas
internas al derecho internacional en lo referente a los derechos de los
pueblos indígenas.
Exhortar a la Organización de Estados Americanos a considerar seriamente la
cuestión de los derechos indígenas, en la elaboración del Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales,
Finalmente, el IX Congreso de Santa Fe se pronunció porque el conjunto de países
miembros reconocieran el carácter multiétnico y pluricultural de las sociedades
nacionales.
Es importante precisar que las resoluciones en este congreso denotan un giro en
las apreciaciones que tradicionalmente había mantenido el Instituto indigenista
Interamericano; mientras que, de 1940 a 1979, la tendencia fue integracionista,
de 1980 a la fecha se planea un indigenismo más democrático, humanista y
pluricultural. Sin embargo, de facto, las resoluciones elaboradas por los diez
congresos han sido relativamente consideradas por los países de la región, ya
que dichos acuerdos surgen de organizaciones no gubernamentales y no causan
obligatoriedad.
Al respecto Marroquín, estableció un estudio del cumplimiento de 313
resoluciones, aprobadas por los primeros seis congresos (hasta el de 1968) y
concluye que más del 88% de ellas no han sido acatadas debidamente. Entre los
factores más importantes que han determinado su incumplimiento, Marroquín
enumera:
La política general de los gobiernos americanos, los cuales no ven con
simpatía los cambios que propugna el indigenismo, cambios que van en contra de
los intereses de las oligarquías locales o nacionales.
El problema económico.
La falta de difusión de las resoluciones del congreso.
La falta de técnicos con capacidad para llevar adelante su cumplimiento.
Los obstáculos que los sectores que viven de la explotación del indio oponen
al cumplimiento de las resoluciones indigenistas.
La falta de obligatoriedad de las resoluciones.
Con sus respectivas contradicciones, cada uno de los Estados latinoamericanos ha
refuncionalizado el proyecto indigenista del Instituto Indigenista
Interamericano, acorde con las expectativas de sus propios bloques hegemónicos y
según las coyunturas de crisis socioeconómica que viene experimentando el
continente.
Por ejemplo, en la medida en que se hizo necesario el impulso de la reforma
agraria, se aplicó el indigenismo; en este contexto ubicamos los casos de
Getulio Vargas en el Brasil, de Paz Estensoro en Bolivia, de Frey (1964-1970)
Chile, de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) en Venezuela y de Luis Echeverría en
México (1964-1970).
En otro ámbito, podríamos colocar al indigenismo, cuya fuente es más humanista y
democráticas, sin dejar de ser integracionista, como en los casos de Jacobo
Arbenz en Guatemala, de Omar Torrijos en Panamá, de Lázaro Cárdenas en México, y
de Velasco Alvarado en el Perú, proyectos que políticamente son concebidos como
populistas.
En la tercera actitud podríamos citar al proyecto de la Unidad Popular que
presidiera Salvador Allende y el del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Su contextualización, más orientada hacia el socialismo, permitió avances muy
notorios en cuanto a la consolidación de los derechos históricos, humanos,
culturales y socioeconómicos de las poblaciones étnicas asentadas en sus
territorios. Sin embargo, los logros alcanzados en Chile, fueron prácticamente
destruidos por la dictadura de Augusto Pinochet. Mientras que en la República de
Nicaragua se decretó el estatuto que da la autonomía a los pueblos de la Costa
Atlántica, al que por su importancia nos referiremos más adelante.
En la actual coyuntura de crisis (1994-2000), es indudable que frente a las
aspiraciones de un indigenismo pluriculturista y democratizador, prevalecerá el
criterio ya no tan sólo integracionista, sino devastador, este giro en la
historia del indigenismo es resultado de las políticas que aplica vía deuda
externa el Fondo Monetario Internacional al conjunto de grupos dominantes de la
región.
Hacia 1989 no resultaba extraño saber que, dada la presión de diversos
organismos internacionales, la República de Bolivia, intercambiara parte de su
deuda externa, por áreas territoriales del país. O como en el caso de México, en
el que el Tratado Trilateral de Libre Comercio, protocolizado con Canadá y los
Estados Unidos de Norteamérica, ha llevado a concesionar amplísimas porciones de
territorios indios en las que subsisten diversos recursos naturales, con lo que
no se proyecta una posible mejoría socioeconómica de las etnias.
Regiones a las que otrora Aguirre Beltrán llamara regiones de refugio, se están
convirtiendo en polos de explotación económica, como resultado de la imperiosa
necesidad que tienen las burguesías regionales de allegarse recursos como sucede
con la etnia yanomami del Amazonas venezolano y brasileño, a la que se le viene
expoliando diversidad de recursos, principalmente oro. O el caso de La Sabana,
en territorio e los indios guayana, en donde se están haciendo explotaciones
masivas de maderas preciosas.
3. Critica al indigenismo
La experiencia histórica ha evidenciado lo erróneo de una ideología, que, en
nombre de una nación, intentó durante más de 50 años homogeneizar lo no
homogeneizable. Ni la barbarie capitalista que, en nombre de la modernización,
construía "obras magnificentes" y destruía comunidades completas, ni los
criterios asimilacionistas e integracionistas fueron capaces de destruir lo
diverso de las poblaciones indias que subsistieron al imperio español. La
debilidad del indigenismo radicó siempre en establecer al fenómeno bajo una
óptica estrictamente ideológica y no estructural, por cuanto a mejorar las
condiciones de los pueblos indios.
4. Política del lenguaje y poblaciones indias
No resulta extraño que, desde la invasión europea, los dominadores hayan
ensanchado su poder imponiendo -entre otros patrones- su lenguaje; de esta forma
se manifiesta la estrecha relación entre lenguaje y poder. La expropiación que
ha intentado realizar el bloque dominante de las lenguas de las poblaciones
indígenas se ubica dentro de su lógica de dominación y sometimiento.
Conceptualmente el lenguaje -dice Schaff- […] es una praxis condensada; praxis
social y praxis individual. […] El lenguaje como punto de partida social del
pensamiento humano es el mediador entre el pensamiento social, transmitido, y el
pensamiento individual, creador. […] En el proceso de la […] educación social el
hombre no sólo aprende a hablar, sino también a pensar. Al recibir una imagen
acabada de la sociedad aprende el lenguaje -que también es pensamiento- como una
experiencia que está establecida en las categorías del lenguaje y acumulada […]
como saber de la sociedad sobre el mundo.
Marx, en La ideología alemana, señala; "la lengua es la realidad inmediata del
pensamiento; la lengua no es, sólo la expresión de la conciencia sino la
conciencia misma".
Sergio Salvi, menciona:
Las lenguas son entidades dinámicas, en constante desarrollo, que marchan a la
par con la experiencia, la condicionan así como son condicionadas por ella. Todo
progreso social y cultural para ser auténtico, puede realizarse solamente por
medio de la lengua, alrededor de la cual se ha formado, históricamente, una
comunidad; de otra manera se tendrá una experiencia artificial, imitativa,
impuesta desde arriba, y en la mayoría de los casos incomprensible.
Para el bloque hegemónico, la homogeneización del lenguaje afianza todas sus
expectativas de poder, ya que, con el lenguaje se aseguran espacios, se
aculturiza, porque, en última instancia, el lenguaje no es sino un sistema de
categorías, que representan las relaciones sociales de la vida práctica.
Parafraseando a Gramsci encontramos: "que una de las bisagras de la hegemonía
política está en el lenguaje". Para el bloque hegemónico, no importa cómo, lo
fundamental es llevar el dominio hasta las zonas más apartadas, para ello el
Estado ha ideado su política lingüística, la que ha venido destruyendo los
procesos de simbolización y cultura propios de las poblaciones indígenas.
A decir de Rainer Hamel, la forma en que se cierne la política del lenguaje en
las poblaciones indígenas tendría que ser dimensionada en tres áreas
interrelacionadas:
La política del lenguaje externa que define el papel de cada lengua en
contextos multilingües, sus usos y funciones en ámbitos públicos;
La política del lenguaje interna, que establece normas gramaticales, codifica,
elabora alfabetos y diccionarios; y
La enseñanza y pedagogía del lenguaje.
Como política de Estado, el bloque dominante ha creado instituciones a través de
las cuales ha hecho factible su aplicación. En su ámbito más general, se trata
de su política cultural.
La escuela (acción educativa) juega un papel trascendente en los fines
aculturizadores que pretende el Estado. Para Althusser, la escuela forma parte
del aparato opresivo del Estado y la acción educativa solamente pretende renovar
las relaciones de producción imperantes. 4.1 Instituciones del Estado
relacionadas con la política del lenguaje
Desde el siglo XIX de implantó en México un sistema educativo, que si bien
poseía resabios coloniales, intentaba mantener una concepción nacional. Este
proyecto educativo se cristalizó a principios del siglo XX, influenciado por el
positivismo europeo. Cronológicamente encontramos los siguientes hechos, que
fueron dando lugar a la creación del sistema educativo nacional, con sus
respectivas secuelas en las poblaciones indias.
Para 1912, el Estado mexicano crea la "escuela tipo de educación integral, para
la protección de las razas indias". Un año después, Gregorio Torres estableció
la "imperiosa necesidad de enseñar al indígena mexicano a hablar, leer y
escribir el castellano".
Con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en 1917, el Estado asume, formalmente, el monopolio educativo de la enseñanza
primaria.
En 1921, se crea la Secretaría de Educación Pública, de cuyos programas habrían
de partir acciones y concepciones básicas que afectaron a los grupos etnicos del
país, con el desarrollo de la educación rural, el sistema de las escuelas
rurales, escuelas regionales, establecimiento de las misiones culturales, las
normales campesinas y, sobre todo, la preocupación de dar a todo México un sólo
idioma y una escritura común. En este periodo arrancan ya no las proposiciones,
tan sólo, sino las fundamentaciones, proyectos, programas y acciones diversas
para la castellanización e incorporación del indio a México. Muchos hombres
ilustres de la educación en todo el país están ligados a esto; representativos
de ellos son Rafael Ramírez y Moisés Sáenz. También en 1921 se crea el
Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena. En 1923, las escuelas
rurales fueron convertidas en Casas del Pueblo.
En 1925 se crean el Departamento de Escuelas Rurales de Incorporación Cultural
Indígena y los misioneros culturales de Vasconcelos para castellanizar y
civilizar. En 1924 se establece el primer internado indígena llamado "Casa del
Estudiante Indígena" el cual fue convertido más tarde en el Internado Nacional
de Indios y que sólo fue clausurado en 1933. En 1927, Rafael Ramírez organiza el
Departamento de Misiones Culturales, para la castellanización derecha. En 1932,
Moisés Sáenz promueve la Estación Experimental de Incorporación de Carapan,
Mich., y en 1933 se fundan diversos internados indígenas.
Durante la coyuntura cardenista (1934-1940), se incorpora a la Secretaría de
Educación Pública el Departamento de Educación Indígena, además de crearse
comisiones intersecretariales cuyo fin era analizar las condiciones materiales
de existencia de las poblaciones indígenas.
En 1945 La Secretaría de Educación Pública (SEP) establece en su seno el
Instituto de Alfabetización en Lenguas Indígenas.
En 1949 el Instituto Indigenista Interamericano y la UNESCO inician en el Valle
del Mezquital un programa de aculturación e integración de los indígenas
otomíes, que dará después lugar al establecimiento, en 1951, del "patrimonio
indígena del Valle del Mezquital", como proyecto de varias secretarías de Estado
para desarrollar un programa de integración cultural. Y, finalmente, también en
1951, el gobierno mexicano y varios organismos internacionales (UNESCO, OEA,
FAO, OMS y OIT) fundan el Centro Regional para la Educación Fundamental de
América Latina (CREFAL) en Pátzcuaro, Michoacán, para la formación de personal
especializado y que existe hasta la fecha.
En México, no sólo el Estado ha desarrollado las estrategias de proyectos
aculturizadores, sino también el imperialismo estadounidense a través del
Instituto lingüístico de Verano.
Los orígenes del ILV en México se remontan a 1934, cuando el Estado mexicano
establece una alianza, vía Secretaría de Educación Pública, con el señor William
Cameron Townsed. Este fenómeno puede ser considerado como una nueva cesión de la
soberanía del gobierno de México al de los Estados Unidos de América. En 1942 el
Estado firmó un convenio en el que la Dirección de Educación indígena de la
Secretaría de Educación Pública delega la educación y elaboración de materiales
en lenguas indígenas al ILV, aspecto que se complementa con un convenio
adicional que fue firmado en 1951 entre el titular de la Secretaría de Educación
Pública y William Camerón Townsed, con el que se dio al ILV el monopolio de la
investigación y la realización de un amplio programa de servicio que incluye
intérpretes, cartillas, traducciones, capacitación lingüística, civismo,
etcétera.
A nivel mundial el ILV es financiado por las siguientes fundaciones:
Hanzen, Lilly, Field, Rockefeller, la AID, Kaplan, Baera, también recibe apoyo
de empresas como la Ford Motor Company, la ITT, la General Electric, el Bank of
América y la IBM.
En los hechos, el Estado mexicano permitió, por más de cincuenta años a los
misioneros protestantes del ILV trasculturizar a millares de indígenas de todo
el país.
Conclusiones
No obstante que el advenimiento de la nación mexicana se fincó en un fuerte
proceso de homogeneización cultural, las poblaciones indias han logrado
subsistir a las factores exógenos impuestos por la sociedad nacional. Sin
embargo, la identidad de cada una de las culturas indígenas, no constituye una
entidad estática y aislada sino, por el contrario, es histórica y comparte una
multiplicidad de fenómenos, socioeconómicos y culturales, que se han generado
desde la colonia y se mantienen hasta nuestros días.
El hecho de que las poblaciones indias se ubiquen en la escala social de los
explotados, no constituye un hecho casual, sino define la existencia de
políticas racistas y antidemocráticas1 que se han fundamentado en la negación
de las otras culturas que perviven en la formación social mexicana. Negación
que advierte como única vía (aparente) de desarrollo y crecimiento, a la
hegemónica, sin permitir la concurrencia de otros proyectos -que si bien no
son utilitarios en esencia- podrían ser propositivos para el desarrollo de
México, como un país pluricultural y multiétnico.
Las estructuras jurídicas del derecho positivo mexicano, son insuficientes en
lo que se refiere a la regulación de las relaciones jurídicas que subyacen en
los pueblos indios, ya sea, porque no reconocen sus derechos económicos,
sociales y políticos o, en su defecto, porque se fincan en concepciones
jurídicas distintas a la racionalidad, cultura y cosmovisión de las cincuenta
y seis etnias del país.
La Constitución mexicana y sus respectivas leyes reglamentarias requieren ser
reformadas y adicionadas con el objeto de que sean reformulados los derechos de
los pueblos indios.
Las definiciones jurídicas que centralmente debe recoger esta nueva legislación
son:
La autonomía de los pueblos indios.
El reconocimiento de sus plenos derechos económicos en sus territorios
étnicos.
El reconocimiento formal de sus autoridades tradicionales; y
El reconocimiento de su derecho consuetudinario.
IV.La reforma jurídica que reconozca integralmente los derechos de los pueblos
indios no garantiza suficientemente la transformación de las relaciones en que
se desenvuelven los indígenas. Más bien, al reconocer que su problemática es
estructural, determina que en la corresponsabilidad del poder político,
intervengan las multicitadas etnias indígenas de México.
En otros términos, a la par de la reforma jurídica debe surgir la reforma
política y económica, en la que intervengan los indios.
V. Existe desde la Antropología y dentro de ésta la Etnología, la posibilidad de
establecer el estudio y sistematización especializados de la antropología
jurídica, disciplina que se encarga, del estudio del conjunto de sistemas de
derecho consuetudinario que históricamente han regulado las relaciones sociales
de los pueblos indios. En su ámbito más general, esta nueva disciplina se
refiere al perfil del hombre ante la norma jurídica, partiendo del criterio de
diversidad cultural históricamente desarrollado por los pueblos, advirtiendo de
esta manera, la diversidad de formas legales y extralegales que les regulan.
En particular, las generalidades de la antropología jurídica que fundamentan al
derecho consuetudinario indio, derivan de la cultura de cada pueblo, en donde
sobresalen el parentesco, la cosmovisión, el lenguaje y las relaciones de
reciprocidad que se fincan en la tierra, no sólo como un simple medio de
producción, sino como un vínculo necesario para la reproducción global de la
etnia. PIE DE PAGINA
Rubio Orbe, Gonzalo, "Política y estrategia del indigenismo, en América
Latina", América Indígena. Vol. XXXV, México 1975, p. 457.
Ibidem, p. 460
Aguilera, G., La cuestión étnica nacional en América Latina, IPGH, Méx. 1987,
p. 7
Rubio, op. cit., p. 457.
Ibidem, p. 457
Aguilera, op. cit. p. 8
Stavenhagen, Rodolfo, "Los movimientos étnicos indígenas y su Estado Nacional
en América Latina", Civilización, septiembre 1984, México, p. 203.
No obstante el principal interés económico del conquistador, habría que
considerar el carácter social que tuvo la legislación de ese periodo. Es
indudable que el formulismo jurídico (Leyes de Indias) puede ser considerado
muy avanzado. En el libro II se permitían la autonomía del derecho indígena,
"las leyes y buenas costumbres" que antiguamente tenían los indios para su
buen gobierno y policía, siempre que no se encuentren con la sagrada religión
ni con las leyes de este libro, en el libro IV dice "la venta, beneficio y
composición de tierras se haga con tal atención que a los indios se les deje
con sobra todas las que pertenecieren, así en particular como por comunidades
y las aguas y riegos y las tierras en que hubieran hecho acequias y otro
cualquier beneficio, con que por la industria personal suya hubieran
fertilizado, se reserven, en primer lugar y por ningún caso se les pueda
vender ni enajenar."
Díaz Polanco, H. Indigenismo, modernización y …, J.P.Ed., 1984, p. 33.
Pozas Arciniega, "la proletarización de los indios en la formación económica y
social de México", Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, No. 88,
México, abril-junio 1977, p. 248.
Bonfil Batalla, Etnodesarrollo y etnocidio, FLACSO, San José de CoSta Rica,
1982, pp. 267-268.
Citado en Chirif, "Alberto, Ocupación territorial de la Amazonia y marginación
de la población indígena (nativa)", Rev. América Indígena, Vol. XXXV-2,
México, 1975.
Díaz Polanco. "Lo nacional y lo étnico en México. El misterio de los
proyectos", Cuadernos Políticos No. 52, octubre-diciembre 1987, Méx. P. 36.
Ribeiro Darcy, Los indios y la civilización, Ed. Pleyade, Brasilia, Brasil,
1970.
Gómez Jara, Técnicas de desarrollo comunitario, Ed. Nueva Sociología 1976,
México, p. 99.
Chantal, Barre, Ideologías indígenas y movimientos indios, Siglo XXI, México
1983, p. 68.
Correa, Guillermo, "El INI usado contra la liberación del indio", Rev.
Proceso, México, abril 1983, p. 14.
Documentos de consulta. México, Instituto Nacional Indigenista, Vol. I No. 1,
1984.
Bataillon, Claude, "Notas sobre el indigenismo mexicano", Indianidad,
etnocidio e indigenismo en América Latina, CEMCA, Instituto Interamericano
Indigenista, México, 1988, p. 130.
Resoluciones al IX Congreso Indigenista, Santa Fe, Nuevo México, EEUU, 1985.
Resoluciones al IX Congreso, op. cit.
Cit. Stavenhagen, Derechos indios, op. cit., p. 109.
Schaff, Adam, Lenguaje y conocimiento, Ed. Grijalbo, México, p. 246.
Salvi, Sergio, Le lingüe tagliate, Milán, Ed. Rizozoli, Italia, 1975, p. 17.
Gramsci Antonio, Literatura y vida nacional, Ed. Fontamara, México, p. 252.
Enrique Rainer Hamel, "Derecho, lenguaje y conflictos interétnicos", América
Indígena, Vol. XLIX No. 2, abril-junio 1988.
Althusser, Louis, Aparatos ideológicos del Estado, Ed. Fontamara, México.
Durán Leonel, El etnodesarrollo y la problemática cultural de México, Ed.
FLACSO, San José de Costa Rica, 1982, p. 262.
Durán, Leonel, op. cit., p. 264.
Declaración "Carlos Mariategui", del Colegio de Etnólogos y Antropólogos
Sociales, México, 1979, p. 3.
Robinson, Scott, Misiones y misioneros, Ed. CADAL, México 1983, p. 73.
Cotiñas Peláez, León, "De la concepción autoritaria y de la concepción
democrática en derecho administrativo, Alegatos No. 20, 1992, p113.


Un saludo
Eliseo R.
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